La energía solar y el progreso de Castilla y León

Manteniendo la tradición de publicar algunas de las tertulias que celebra con perioricidad bisemanal nuestra Asociación Cultural TB en este post exponemos la celebrada el pasado 20 de abril cuyo ponente fue D.David Redolí Morchón, sociologo experto en energía solar, quien nos ofreció una interesante ponencia resumida a continuación:

Sociólogo y coordinador de Relaciones Institucionales en Solaria

La organización de la economía mundial está cambiando rápidamente. Entre las muchas consecuencias estructurales de este cambio aparece una que es especialmente interesante: el modo en el que se produce el intercambio de flujos económicos. Flujos económicos que, más que entre países, ya se ocasionan a través de regiones que generan alto valor añadido gracias a industrias como, por ejemplo, la de las energías renovables.

Las renovables siempre han estado ahí, junto a nosotros. Las llevamos utilizando desde hace milenios, para calentarnos junto al fuego, o para mover barcos a vela por los ríos y los mares. Y, más recientemente, las hemos comenzado a utilizar para generar electricidad de forma industrial. Su evolución es tan espectacular que en 2023 más del 50 % de la generación eléctrica de España ya es renovable.

Llamamos energías renovables al conjunto de energías que se generan utilizando los recursos naturales de la Tierra: la luz solar, el viento, los recursos hídricos (ríos, mareas y olas), el calor de la superficie terrestre o la biomasa. El proceso mediante el cual estos recursos renovables se convierten en energía no produce emisiones netas de gases de efecto invernadero. De ahí que también se hable de «energías limpias».

Las energías renovables desempeñan ya un papel crucial en nuestras sociedades por dos motivos: primero, porque son las herramientas principales para luchar contra la emergencia climática (una de las grandes amenazas que, de manera muy especial, enfrenta la Península Ibérica); y, segundo, porque proporcionan soberanía energética, ya que nos permiten producir electricidad barata gracias al viento y a la radiación solar (es decir, las renovables garantizan seguridad de suministro energético sin necesitar combustibles foráneos para producir energía). Una seguridad energética que, tras la dramática invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, se ha convertido en un asunto de urgencia tanto económica como social y geoestratégica para la Unión Europea, tal y como ha reconocido la propia Comisión Europea a través del Plan REPowerEU, lanzado el pasado marzo y orientado a, entre otras cuestiones,  incrementar y agilizar el despliegue de las energías renovables para cortar drásticamente, y mucho antes de 2030, nuestra dependencia de combustibles como el gas, el carbón o el petróleo.

Castilla y León, por su ubicación y por sus características físicas, puede ser una región rica en generación de energías limpias, justo en el momento histórico en que casi todas las sociedades luchan por descarbonizar sus economías, por electrificar la mayor parte de sus sectores productivos (incluyendo, por supuesto, la automoción, una industria fundamental para Castilla y León) y por proteger el medio ambiente. Y, además, puede convertirse en una potencia de una tecnología: en energía solar fotovoltaica.

Las ventajas son inmensas. La fotovoltaica puede ser un motor del desarrollo rural, especialmente por dos razones: porque ayuda a fijar población en zonas afectadas por el reto demográfico, mediante la creación de empleos locales (directos e indirectos) en las diferentes etapas del ciclo de vida de cada proyecto (desarrollo, construcción, operación y mantenimiento), y porque genera riqueza en los municipios próximos a las plantas (tanto por el pago de impuestos derivados de su actividad como por la reactivación de las economías de proximidad).

Además, la generación de energía solar fotovoltaica casa perfectamente con la economía circular, basada en un modelo económico que pivota en reducir los residuos al mínimo y en propiciar entornos que se autoabastezcan lo máximo posible (mediante el autoconsumo eléctrico, por ejemplo).

Adicionalmente, la implantación de este tipo de instalaciones es compatible con otras actividades vinculadas a la economía local preexistente. Es lo que ya se conoce como “agrovoltaica”, que permite integrar los parques solares con el desarrollo de actividades agrícolas paralelas, al no verse alterada la superficie vegetal del emplazamiento. De igual forma, las instalaciones fotovoltaicas pueden ser herramientas muy potentes para proteger y preservar las actividades locales (que, en algunos casos, están seriamente amenazadas por la degradación del entorno debido al uso intensivo de fertilizantes y de pesticidas). Ejemplos de ello son: la disponibilidad para el pastoreo de los terrenos con instalaciones fotovoltaicas, la facilitación de “superficies refugio” para regenerar la biodiversidad autóctona y proteger las especies polinizadoras (esenciales para la sostenibilidad de la actividad agrícola), la acogida de cultivos protegidos de especies nativas, o el despliegue de acciones conservacionistas sobre la tierra, la fauna y la flora.

Castilla y León es ya la comunidad autónoma con mayor generación renovable de España, con más de 25.000 gigavatios por hora (GWh), lo que pone a nuestra región a liderar un sector puntero y de futuro. Esto coloca a las nueve provincias castellanas y leonesas en una posición privilegiada para despegar en el momento (cada vez más inminente) en el que llegue la conjunción de las plantas solares, las baterías de almacenamiento de energía y los sistemas de producción de hidrógeno verde.

¿Puede y debe Castilla y León vincularse a la industria de las energías renovables? Sí. Y debe hacerlo con firmeza si quiere convertirse en un nodo estratégico para no quedarse descolgada de las oportunidades industriales que traen consigo valor añadido, es decir, riqueza y bienestar.

Ahora bien, por supuesto, los promotores de los parques solares fotovoltaicos deben tener en cuenta que sólo serán aceptables aquellas plantas determinadas por la sostenibilidad y que obtengan las exigentes Declaraciones de Impacto Ambiental por parte de las administraciones públicas. Y que, obviamente, establezcan diálogo con las comunidades donde se instalan y construyan legitimidad social. Porque la generación de beneficios tendrá que ser tanto para la sociedad como para las empresas que arriesgan su capital apostando por las energías renovables en España.

Necesitamos la energía para vivir. Y hoy sabemos cómo producir energía de forma limpia, barata y medioambientalmente sostenible, utilizando los recursos ilimitados que nos proporcionan el sol, el agua, la biomasa y la atmósfera, por ejemplo. De hecho, España ya ha experimentado lo que hasta ahora parecía una utopía: el sábado 2 de abril de 2022, según datos de Redeia, nuestro país fue capaz de generar durante unas horas casi el 100% de la demanda interna peninsular de electricidad con energía renovable (al igual que, unas semanas después, lo logró California para sus 40 millones de habitantes).

El futuro libre de emisiones contaminantes, con una generación eléctrica totalmente renovable, está, por lo tanto, cada vez más cerca

La crisis energética, la crisis climática y la crisis económica que estamos sufriendo tienen la misma raíz: los combustibles fósiles. En consecuencia, no podemos asumir el riesgo de seguir dependiendo de ellos, ni por cuestiones medioambientales ni por razones de seguridad (o soberanía) energética.

Es una necesidad vital acometer política y empresarialmente una acelerada transición ecológica que ponga las energías renovables en el centro del tablero geopolítico. Porque una sociedad (cualquier sociedad) sólo se puede edificar sobre un entorno que la acoja y que la sostenga, tanto económica como ambientalmente.

Se trata de una exigencia ecológica, de una obligación moral y de un deber intergeneracional.